¿Qué fue de la Participación Ciudadana en L’Hospitalet?

No hay Ayuntamiento que no haga gala de la participación ciudadana como un valor central para el desarrollo de la democracia. En las últimas décadas, ante los cambios del mundo asociativo, la descentralización de la información y la emergencia de nuevas subjetividades políticas, la administración pública local ha ido incorporando, en diferentes grados, dispositivos institucionales que hagan efectiva la demanda ciudadana por participar en los asuntos públicos. Después de transcurridos muchos años de su implementación en nuestros municipios, diferentes evaluaciones concluyen que se trata de unas políticas necesarias pero que han quedado en muchos aspectos lejos de los objetivos (Parés, 2017, García-Espín, 2016). ¿Cuáles eran estos objetivos? Establecer puentes de diálogo y trabajo entre la política institucional y la ciudadanía más allá del voto electoral, reforzar o crear empoderamiento colectivo, facilitar a las personas y asociaciones la participación en la confección de políticas públicas y fomentar culturas participativas, entre otros.

Lamentablemente, la mayoría de administraciones locales se han basado en un paradigma de participación que solo concibe a la ciudadanía como sujeto subalterno, siempre supeditado al poder administrativo-institucional. De este modo, los procesos participativos han acabado por tener una casi nula influencia en las decisiones públicas, bien por la rigidez y bajo impacto del ámbito de aplicación, bien por su falta de implementación al final del proceso o bien, como ocurre en lugares donde existe una fuerte red clientelar, por ser instrumentalizados como medios legitimadores de las políticas del gobierno de turno. Todo esto ha generado lo contrario de lo que en principio se buscaba: más frustración participativa y más desconfianza vecinal hacia las instituciones. Sin embargo, esto no debería llevarnos a conclusiones apresuradas. Que los dispositivos de participación institucional, tales como los Consejos de Distrito, no funcionen según los objetivos democratizadores, no significa que a la sociedad civil no le interesa participar de los asuntos públicos. Las movilizaciones sociales exigiendo más democracia desde el 2011 y la proliferación de nuevas organizaciones (sociales, culturales y políticas) indicarían más bien la necesidad de reformular el viejo paradigma de participación ciudadana que aún poseen las administraciones públicas.

L’Hospitalet: estado de la cuestión

En lo que respecta a L’Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad más poblada de Catalunya, estos dispositivos institucionales de participación se rigen por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y su reforma a través de la Ley 57/2003 de «Medidas para la modernización del Gobierno local», más conocida como Ley de Grandes Ciudades. Esta ley establece un régimen específico para los municipios con población superior a los 250 mil habitantes. También regula la división territorial «en distritos (presididos por un Concejal), los órganos superiores y directivos, la asesoría jurídica, los mecanismos de participación ciudadana, el Consejo Social de la ciudad y la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones». Sobre el Consejo Social de la ciudad, la misma ley 57/2003 establece su carácter consultivo como mecanismo participativo «integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas», además «de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos» (art. 131). La renovación de los cargos y funciones del Consell de Ciutat se rige por el mandato de la corporación municipal, es decir, cada vez que hay elecciones locales. Una de las características más notables de esta ley es que otorga un importante poder ejecutivo y, por tanto, discrecional, a la figura de los y las alcaldesas, así como a la Junta de Gobierno Local.

El Ayuntamiento de L’Hospitalet en su Reglamento de Participación Ciudadana, entiende la participación básicamente en tres figuras: la iniciativa popular, el derecho a la consulta popular y el régimen de los Consejos de Distrito. Existe otra figura denominada Derecho de Petición pero que ni siquiera se desarrolla en el reglamento. Los requisitos para la iniciativa popular como para la consulta popular son muy exigentes, casi imposibles de llevar a cabo si el grupo motor no posee recursos importantes de tiempo y dinero. Por ejemplo, en el caso de la primera, si se trata de una iniciativa formulada por un grupo de vecino y vecinas éstos han de obtener antes que nada la firma del 10% de personas que ostenten el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales (casi 18 mil firmas). En el caso de la Consulta Popular para Referéndum, si ésta logra que se admita a trámite por la alcaldía, el grupo promotor ha de presentar 10.500 firmas de avales más un 5% más si el municipio tiene más de 100 mil habitantes, como es el caso de L’Hospitalet, entre otros requisitos. Como en el anterior caso, queda a disposición del Pleno aprobar o no la iniciativa, es decir, la última palabra la tendrán únicamente los partidos políticos con representación en el consistorio.

Sobre los Consejos de Distrito, son órganos estables de participación que tienen por finalidad «fomentar, impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales que afectan más directamente la vida cotidiana de las vecinas». Sus funciones son básicamente de seguimiento de la actuación del gobierno local y aunque se pueden elevar propuestas su alcance es limitado debido a que su composición está copada por las regidoras del partido que gobierna el municipio lo que coarta propuestas que vayan en sentido diferente del signo del partido gobernante. Los Consejos son espacios de carácter informativo, público, pero no deliberativos, donde prácticamente el orden del día se restringe a lo que el regidor o regidora estime conveniente; de hecho, el Reglamento prohíbe que se aborde cualquier asunto que no figure en el orden del día. Las entidades que quieran pedir la palabra en el plenario de la sesión solo tendrán 5 minutos para intervenir además de tener una antigüedad mínima de 2 años de inscripción en el municipio y, cómo no, será la presidencia del Consejo quien admitirá o no la propuesta. La escasa participación ciudadana en estos Consejos, suele responder a experiencias decepcionantes en que o bien el tema ya estaba decidido de antemano (donde votarán «los mismos de siempre») o bien la discusión derivó en posicionamientos del tipo «y qué hay de lo mío». En el mismo apartado del Reglamento de Participación se alude a la idea de «debate» y «votación», pero resulta chocante que al mismo tiempo no se tenga en consideración ningún tipo de facilitación (profesional) ni metodología de deliberación sobre los asuntos a tratar.  

¿Y qué pasa con el Consejo Social de Ciudad? Como máximo órgano consultivo de participación ciudadana sus funciones son prácticamente las mismas que sobre el papel tienen los Consejos pero el peso político a nivel municipal es mayor. Suelen participar sindicatos, la Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet, actores empresariales, culturales y asociativos. A diferencia de los Consejos de Distrito, en el Consejo Social se desarrollan Comisiones de trabajo sobre asuntos concretos y las Mesas Sectoriales tales como Cultura, Desarrollo, Economía y Derechos de la Ciudadanía. Su composición aunque es más amplia y diversa, el gobierno local lo ha confeccionado como una réplica a escala asociativa del pleno del Ayuntamiento, por tanto, reproduciendo las mismas limitaciones y restricciones a la hora de desarrollar capacidades participativas e iniciativas desde la sociedad civil. A pesar de ello, iniciativas como el primer Congreso de Entidades realizada a finales de 2018 parecen abrir nuevos espacios de encuentro que, aunque puntuales, ayudan a abrir perspectivas en términos de cooperación y reconocimiento.

Resumiendo, es evidente que tanto la dinámica que han venido desarrollando los Consejos de Distritos y Consejo Social como espacios que supuestamente tenían que fomentar la participación más bien han acabado por reducirla a un mecanismo institucional altamente burocratizado, poco amables para el diálogo y altamente masculinizados. La necesidad de un cambio tanto en el formato como el contenido de sus sesiones es algo imperioso, la efectividad y la deliberación no deberían estar reñidas para desplegar procesos de cultura participativa que realmente empoderen a la ciudadanía y sus barrios.

Participar, ¿para qué?

¿Cómo profundizar en clave democrática los canales institucionales de participación a la vez que se reconozcan otros canales no-institucionales? ¿Podemos hablar de participación ciudadana sin redistribución del poder? ¿Cómo potenciar nuevas formas de articulación entre la ciudadanía, el tejido asociativo (formal o informal) con la producción de políticas públicas?

En L’Hospitalet, punto de partida obligada parece ser la necesidad de realizar una redefinición sobre qué entendemos por participación. Definir un marco amplio, representativo de la población y del tejido asociativo, de su diversidad y de sus necesidades como agentes sociales productores de vida social es fundamental para abrir el campo de lo posible/pensable. Un proceso de estas características no tiene por qué devenir en un mero ejercicio intelectual-teórico si se implica en la discusión el propio ámbito material de lo público (equipamientos, recursos, etc.). La apertura de un proceso de reflexión colectiva (bottom-up), a nivel de ciudad, ha de empezar por reconocer la legitimidad de actores sociales más allá de los órganos institucionales. 

Como señala Parès, el papel de los Ayuntamientos a partir de la crisis económica y las reformas presupuestarias (recortes) ha dejado disminuida su capacidad como prestadora de servicios, todo y que la gestión difiere según el color del partido gobernante. Una administración pública que no cuente más que con «los suyos» para desarrollar políticas públicas es una administración privatizada. Muchas iniciativas que cubren las necesidades de los barrios y la ciudad en general han emergido de la ciudadanía organizada en plataformas, asociaciones, colectivos, grupos y movimientos sociales. Estos actores locales no solo representan expresiones legítimas de la sociedad civil, también, redefinen el derecho a participar en la gestión de una ciudad. El nuevo paradigma de la participación ciudadana es impensable si no se establecen puentes con todos estos agentes locales. Y esto lleva necesariamente a comprender la participación como un proceso dinámico y no exento de conflictos, especialmente cuando hablamos de recursos públicos.


Parès, M. (2017) Repensar la participación ciudadana en el mundo local, Barcelona: Diputació de Barcelona.

García-Espin, P. (2016) Hoy hablamos de las malas noticias: la frustración participativa. Disponible en: https://cherrypickingproject.files.wordpress.com/2016/04/boletc3adn_nc2ba5_cherrypicking.pdf

Imatge: Néstor Espinosa Mitjanas via Flickr

Franco Casanga

Veí de L'Hospitalet

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